Federico A. Jovine Rijo |
En democracia se gobierna con consensos ciudadanos que trascienden las reglas formales del poder, esas que se nutren en sus fuentes visibles (la legalidad) y abrevan en sus ríos subterráneos (la legitimidad). Con maestría el presidente ha sabido apretar y soltar; hablar y escuchar; proponer y enmendar; y, quizás por acostumbrarse a ese modelo exitoso en términos electorales, se adentró sin miedo en el río turbulento de la reforma fiscal.
Que la reforma es necesaria, nadie lo discute; que hay que revisar el marco impositivo y fortalecer las capacidades tributarias, es axiomático; pero, ¿fue correcta la decisión de construir consenso a posteriori?, ¿confundió el gobierno votos con voces y apostó a lo primero, ignorando lo segundo?
Las declaraciones del presidente de que la propuesta sería revisada y mejorada en el congreso, ratifican que es una persona que cree en el consenso y el disenso. Ahora bien, a la ofensiva inicial siguió un repliegue de vocería oficial en todos los medios; justo cuando desde la oposición, academia y gremios, se desarrolla un posicionamiento mediático de argumentos en contra que alimenta ese bucle de indignación ciudadana que desembocó en inesperados cacerolazos que han hecho que el gobierno esté dispuesto a modificar su propuesta original.
Al margen de lo técnico, jurídico o político, queda claro que la fuerza legislativa del partido no se corresponde con la musculatura mediática del gobierno. La estrategia de comunicación gubernamental ha sido desastrosa y lejos de enseñar, evidenciar y comunicar sobre la propuesta de “modernización fiscal”, el vocero de la presidencia ha dirigido esfuerzos, argumentos y recursos para hablar de un “pacto ideal” que no menciona el proyecto de ley.
El relato oficial habla de un “pacto ideal” inexistente y el vocero derrocha recursos en spots denigrantes y clasistas que contribuyen a elevar la indignación y tensión social, de una eficiencia improbable (2:49’, 412 vistas en 6 días); o explicar “El país que seremos” en una súper producción de 12:20’ vs. 275 vistas; o jugar ajedrez (que no dominó) mientras explica la reforma constitucional; y uno se pregunta si los recursos del Estado ¿son para comunicar la verdad o para proyectar una imagen personal?
La descoordinación comunicacional entre DIECOM y Hacienda es olímpica, evidente, y de consecuencias imprevisibles, pues al no haberse comunicado de manera efectiva, antedatada y proyectada los beneficios de la reforma, ahora el gobierno entra a la defensiva y cada concesión será vista como una derrota. Más allá, queda la duda de ¿qué quiere comunicar DIECOM?, ¿al presidente, las reformas o al vocero? Y más todavía, ¿cuánto nos han costado los 176 videos colgados en la cuenta personal del vocero?, ¿quién los produjo?, y ¿cómo se pagaron? A propósito de transparencia…
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