César Medina
El morbo público concentra toda su atención en el juicio preliminar de Odebrecht con sus catorce acusados de recibir sobornos.
De entrada, el principio universal de la inocencia hace rato se fue a la porra, y lo que prevalece ahora es el criterio generalizado de que falta gente en el expediente. Lo que estaría por verse es si el juez Ortega actuará correctamente y ampliará las diligencias del Ministerio Público para que caigan también las colindancias en este entramado de corrupción que evidentemente contaminó casi todas las instancias del poder para agenciarse contratos onerosos para el Estado.
Porque Odebrecht dejó rastros que no pueden ocultarse ni siquiera al ojo más lerdo y despreocupado y que tienen necesariamente que profundizarse aplicando aunque sea superficialmente la frase clásica de la investigación forense estadounidense: ¡Follow the money” -sigue la ruta del dinero-, que ha sido precisamente el punto de partida del procurador Jean Alain Rodríguez.Mientras tanto, no existe la más remota posibilidad de que los 14 coacusados puedan ser favorecidos por el juez que instruye el proceso, ni siquiera con la aplicación de una medida de coerción que excluya la prisión preventiva, aunque todo el mundo sabe que los 14 tienen arraigos que los hace calificar para que se actúe con menor severidad. El morbo nacional, sin embargo, no perdonaría nunca que el juez Ortega excarcele a los acusados bajo ningún artilugio legal. La gente lo que quiere es que tranquen a más personas, y si tienen poder político y económico, mejor todavía. Es en este punto donde la Justicia tiene que actuar con apego a la ley sin dejarse presionar, pero es muy fácil decirlo.
Pesquisa bifurcada
La investigación en este momento está bifurcada entre el otorgamiento de los contratos a Odebrecht -incluyendo las adendas posteriores-, para determinar si se cumplieron las normas de contrataciones públicas y fiscalización, y la ruta que siguió el dinero que se otorgó como sobornos para lograr esos contratos onerosos.
La investigación en este momento está bifurcada entre el otorgamiento de los contratos a Odebrecht -incluyendo las adendas posteriores-, para determinar si se cumplieron las normas de contrataciones públicas y fiscalización, y la ruta que siguió el dinero que se otorgó como sobornos para lograr esos contratos onerosos.
Pero hay un punto donde no se ha abundado que explica la presencia del ingeniero Juan Temístocles Montás en el expediente: la asignación de recursos en el Presupuesto Nacional como requisito imprescindible en las apropiaciones de fondos públicos. Por igual, hay casos de involucrados cuya única responsabilidad radica en el movimiento de dineros provenientes de Odebrecht, y otros que se prestaron para recibir transferencias bancarias que no tienen justificación más allá del pago de coimas por ejercer influencias políticas de distinta naturaleza. A los legisladores involucrados en el expediente se les atribuye haber recibido comisiones para aprobar los contratos de la empresa brasileña, pero también la Procuraduría dice que les halló pruebas de que poseen activos y cuentas bancarias inexplicables a partir de los ingresos consignados en su declaración jurada de bienes.
Situación de Ortega
El juez Ortega Polanco se encuentra en posición delicada: entre la presión popular que quiere ver sangre y el Ministerio Público que sustenta la acusación en un expediente lleno de pruebas circunstanciales, mientras él cuenta a su favor con un historial sin mácula con más de 20 años al servicio de la Magistratura.Su papel no es grato porque cualquiera que sea la decisión que tome el próximo martes, será objeto de duras críticas: Si acoge la petición del procurador para que aplique coerción de 18 meses de prisión, estaría siendo muy severo en esta fase inicial del proceso.
El juez Ortega Polanco se encuentra en posición delicada: entre la presión popular que quiere ver sangre y el Ministerio Público que sustenta la acusación en un expediente lleno de pruebas circunstanciales, mientras él cuenta a su favor con un historial sin mácula con más de 20 años al servicio de la Magistratura.Su papel no es grato porque cualquiera que sea la decisión que tome el próximo martes, será objeto de duras críticas: Si acoge la petición del procurador para que aplique coerción de 18 meses de prisión, estaría siendo muy severo en esta fase inicial del proceso.
Si dispone su libertad mediante coerción financiera y presentación periódica dejando en libertad a los 14 acusados -como indica la lógica-, el ruido callejero quema el país.
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