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| Luis Fernando Allen Forbes |
Opinión
El Ministerio de Hacienda de Costa Rica hizo pública la lista de empresas catalogadas como grandes contribuyentes que de forma reiterada han reportado cero ganancias, con el consecuente no pago de impuestos, en el periodo 2008-2017.
Lo que supone que ante esa insuficiencia recaudatoria generada por los grandes contribuyentes que evaden o eluden sus responsabilidades tributarias, por restar recursos a la acción estatal, y las consecuencias sociales asociadas en materia de gasto público, adquisición de bienes, superación de la pobreza y estabilidad económica.
El incumplimiento intencional del pago de las contribuciones que le corresponden como contribuyente y ciudadano causa un deterioro en las finanzas públicas, presentando muchos problemas y disfunciones que no le permiten al gobierno el logro de sus objetivos.
Evadir conscientemente significa sustraer recursos de manera deliberada al logro de estas funciones, lo cual es un daño para toda la sociedad, incluyendo al evasor. Dado lo señalado, una tarea fundamental de las autoridades es no permitir la evasión, debiendo enfrentarla con políticas de fiscalización y sanción.
La evasión tributaria implica dolo; es decir, la intención de engañar, cometer fraude o llevar a cabo una simulación maliciosa con la intención de dañar la obtención de recursos por parte del gobierno para el financiamiento de su presupuesto y de las actividades que se espera realice este en beneficio de la sociedad.
La contrapartida de la evasión es lo que el gobierno pudo haber llevado a cabo con esos recursos en favor de la comunidad, por la vía de los bienes públicos, gasto social, redistribución de ingresos, estabilidad económica, etc. La evasión también es una conducta inmoral o no ética, que debe ser cambiada.
En el caso particular de la evasión fiscal en Costa Rica, esta llega al 8,2% del Producto Interno Bruto, cifra preocupante porque es muy alta y representa una situación de gran inequidad entre quienes cumplen sus obligaciones tributarias y quienes no lo hacen. Corregir esta inequidad no es solo un imperativo ético, sino también un requisito indispensable para el buen funcionamiento de la economía.
La evasión tributaria también es un atentado a la eficiencia en el uso de los recursos, al permitir que los evasores accedan a recursos a un costo menor que los contribuyentes no evasores, generando una competencia desleal entre ellos.
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