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| Emilio Pantojas García |
El recorte drástico de la aportación del gobierno a la Universidad de Puerto Rico (UPR) y el alza por más de 100% en el costo de la matrícula representan un duro golpe a la educación superior del país. Por otra parte, la resistencia al cambio y la insistencia en defender espacios políticos, puestos y “fincas” académicas, también han contribuido al menoscabo de la institución.
Desde antes de la huelga de 2005, la agencia acreditadora (Middle States) advertía que era necesario que la Universidad incrementara los ingresos propios. Se calculaba que los ingresos por matrícula de la UPR representaban sólo un 5% del presupuesto de la institución. Un alza en la matrícula y una nueva cuota de tecnología, causaron la protesta ese año. Curiosamente uno de los acuerdos a que se llegó en negociaciones con estudiantes profundamente divididos fue el aumento escalonado de 2 a 4% en la matrícula. Cada año se aumentaría la matrícula y se continuaría hasta estabilizar las finanzas. El aumento aplicaría a los estudiantes de nuevo ingreso, pero el costo de los créditos no aumentaría hasta que el alumno terminara su bachillerato.
La Ley 7 de 2009, declarando un estado de emergencia fiscal, redujo en más de $100 millones la aportación del gobierno a la UPR. Ante esto la nueva administración universitaria anunció recortes presupuestarios severos y la eliminación de las exenciones de matrícula, provocando otra huelga en 2010. La Junta de Síndicos respondió con la imposición de una cuota de $400 por semestre, lo cual prolongó la huelga e impidió encontrar una solución sustentable al impacto de la crisis fiscal sobre la UPR.
Lo que no se dice es que desde 2005 se aprobaron planes estratégicos que debían producir una universidad pública sustentable. Los planes Diez para la Década y Universidad 2016, planteaban reformar la UPR para promover nuevos ingresos de aumentos módicos (4%) en la matrícula, alzas en las donaciones a la investigación (“grants”) y aumentos en donaciones filantrópicas de exalumnos y otros entes privados.
De hecho, la implantación de estos planes incrementó los ingresos por fondos externos para la investigación y también otras donaciones. La universidad mejoró su posición acercándose a la posición 575 en el escalafón mundial. Pero a partir de la huelga de 2010 la posición de la UPR bajó a 601 en 2012 y a 801 en 2015.
Al llegar la Junta de Supervisión Fiscal, la UPR se encontraba en una posición vulnerable causada por la huelga de 2010 y la mala administración que asumió en 2013. Curiosamente, los que hoy nos llaman a defender la universidad son los que descarrilaron el proyecto universitario de principios del milenio. Los sindicatos y consejos de estudiantes que hoy llaman al sacrificio por la institución fueron los que en 2010 iniciaron el proceso de menoscabo institucional que se consumó con la huelga de 2017. En vez de responder a la crisis con propuestas de reestructuración, respondieron, y siguen respondiendo con consignas intransigentes (“once recintos, una UPR”; cero aumentos de matrícula, cero recortes).
Ciertamente, la Junta de Supervisión Fiscal y el gobierno de turno quieren desmantelar la Universidad, pero la respuesta no era, ni es, resistirse, al cambio. Los intereses sindicales y político-partidistas prevalecieron sobre los principios y visiones universitarias. Se permitió que se nos tratase como una agencia de gobierno más. Hay tiempo para rectificar, pero la batalla por la Universidad hay que darla con sabiduría.
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