Lajún, una empresa de capital domínico-canadiense que administraba el vertedero de Duquesa desde 2007, quería aumentar el cobro por tonelada de desechos sólidos ajustando las tarifas a los estándares del mercado internacional, que según alegaba, ronda los US$8.14 , mientras ellos recibían menos de US$2.60 por toneladas.
“Nos preocupa que estos municipios, que no respetan los contratos legales, no tengan reparo alguno en pagar una tarifa de 37 dólares por tonelada a las empresas de transporte y tan sólo 2 dólares a Lajún Corporation. Dos ejemplos: el municipio de Los Alcarrizos paga 78 centavos de dólar por tonelada de basura y el Distrito Nacional 2.60 dólares, cifras que si las comparamos con el mapa de precios referencial de América Latina roza el escándalo”, expresó Lajún en un comunicado en febrero pasado.
Los alcaldes consideraron inaceptable la propuesta de la empresa, y denunciaron que no era posible aumentar entre 130% a 1,100% el monto de la tarifa.
“Jamás aceptaremos una medida de esa naturaleza adoptada de manera unilateral, pues la misma sienta un fatídico precedente para que la empresa pueda adoptar las medidas que considere en el momento que considere, sin contar con el consenso de los ayuntamientos, quienes por mandato constitucional y legal tienen la facultad del manejo de los residuos sólidos”, dijo Radhamés Castro, alcalde de Boca Chica, quien hizo de vocero en una rueda de prensa.
Explicó que sólo al cabildo de Los Alcarrizos se le intentó aumentar de RD$160,000 a RD$1.7 millones y al del Distrito Nacional de RD$7 millones a RD$16 millones, lo que estimaron escandaloso.
Lajún dirigió supuestamente 27 cartas a los alcaldes planteándoles la negociación, pero aunque consideraban exagerada la tarifa sugerida, se mostraron dispuestos a negociar a partir de un proceso que implicara mejoría en el vertido de Duquesa y el cumplimiento de los compromisos acordados.
Ante la imposibilidad de llegar a un acuerdo, Lajún decidió no aceptar los pagos de los cabildos sin el aumento propuesto y luego restringió el vertido a Duquesa, lo que originó una crisis que llenó de desechos al Distrito Nacional y la provincia Santo Domingo.
Posteriormente se llegó a un acuerdo para buscar un punto de advenimiento con el concurso de una empresa que hiciera un estudio sobre el pago por tonelada e hiciera una propuesta, pero Lajún continuó con la restricción del vertido al disminuir el horario de operación y la limitación de los equipos, lo que agravó aun más el problema. La crisis tuvo su punto más alto a mediados de año cuando se formaron largas filas de camiones de los distintos municipios y el Distrito frente a Duquesa ante las restricciones de horario impuestas por Lajún, mientras los desechos aumentaban en esas demarcaciones, pues por cada día de retraso en el vertido, se acumulaba al menos cuatro días de desechos en las calles.
Entonces entró en juego la Mancomunidad del Gran Santo Domingo con la Federación Dominicana de Municipios (Fedomu) y posteriormente los ministerios de Medio Ambiente y Salud Pública, que elevaron un recurso de amparo ante el Tribunal Superior Administrativo, en el que solicitaban la designación de un administrador judicial, bajo el alegato de que Lajún ponía en peligro la salud de 3.5 millones de personas que viven en el Gran Santo Domingo.
A final de septiembre, el tribunal falló, acogió la solicitud y autorizó la designación del administrador judicial provisional. Se creó una comisión integrada por el Ministerio de Medio Ambiente, el de Salud Pública y el cabildo de Santo Domingo Norte que, junto al Servicio Nacional de Protección Ambiental (SENPA) se encarga de administrar el vertedero.
También fue sometido a la justicia el principal inversionista de Lajún para que responda ante alegadas irregularidades en la obtención del título de propiedad de los terrenos donde funciona Duquesa, caso que continúa en la justicia.
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