Después de recorrer en caravana los principales sectores del citado municipio de la provincia Peravia y de trasladarse hasta la zona de Punta Catalina, los manifestantes proclamaron que las plantas pueden ser terminadas por una empresa que no sea cuestionada como ha sido la brasileña y deben ser transformadas para que utilicen gas natural y no el altamente contaminante carbón mineral.
En el manifiesto de la actividad, el movimiento declaró nulo el acuerdo de cooperación entre la Procuraduría General de la República y Odebrecht, exigiendo que los ejecutivos de la empresa sean procesados penalmente.
Argumentan que después de más de ocho meses de que la empresa admitiera el pago de más de 92 millones de dólares en sobornos, el procurador Jain Alain Rodríguez es incapaz de presentar las pruebas convenidas, “con lo cual queda claro que el objetivo del acuerdo era ocultar las sobrevaluaciones que sirvieron de base a la financiación política ilegal y garantizar impunidad para la constructora y sus cómplices”.
“Objetamos la corrupción y la contaminación, no las plantas. Los grupos de Baní han sido los primeros en proponer desde el inicio de la construcción ilegal sin estudios ambientales del proyecto Punta Catalina, que el mismo fuera realizado a gas natural para disminuir los impactos contaminantes”, se indica en el documento, el cual se envió a los medios de comunicación.
La Marcha Verde de la provincia Peravia considera nula la firma del Pacto Eléctrico si antes no se esclarece el cúmulo de irregularidades en el Proyecto Termoeléctrico de Punta Catalina.
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