La Fundación Justicia y Transparencia (FJT) consideró que durante el 2013 fue malversados el 20 por ciento del Presupuesto General del Estado, equivalente a unos 120 mil millones de pesos anual.
Al presentar un informe evaluatorios sobre el manejo financiero en el Gobierno, con motivo de celebrarse este lunes el Día Internacional contra la Corrupción, la Fundación cuestiona "las escasas o casi ausentes estadísticas disponibles sobre casos traducidos a la justicia y condenas definitivas en materia de corrupción, dificultan obtener cifras confiables sobre la cuestión".
No obstante, indica que las apreciaciones que se han hecho, incluso en una especie de consenso de la propia clase política, "aún muy conservadoras", es de que lo malversado ronda el 20 por ciento del Presupuesto General del Estado, tomando en cuenta el presupuesto aprobado recientemente, superior a los 600 mil millones de pesos.
En este sentido, la FJT consideró conveniente tener en cuenta las recientes declaraciones de la presidenta de la Cámara de Cuentas, Licelot Marte de Barios, quien afirmó que con lo que "se lleva" la corrupción todos los años en el país se hubieran podido hacer varias Repúblicas Dominicanas.
Para la entidad la corrupción se ha convertido un fenómeno nefasto, endémico en naciones pobres, que pervierte el imperio de la ley, daña las instituciones democráticas, afectando sensiblemente los procesos electorales con el clientelismo y otras prácticas reprochables.
Además señalan ahuyenta la inversión extranjera, incrementa innecesariamente la burocracia con la única razón de obtener sobornos y, en general, socava las posibilidades de desarrollo de los países al sustraer la riqueza nacional en favor de particulares.
Entre los casos que son motivo de preocupación para la Fundación Justicia y Transparenci se encuentran citó la quiebra y descalabro económico de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE) en las administraciones de los últimos años y la venta de los bienes de Baninter.
Tambiénla sobrevaluación de varias obras a cargo de la pasada administración de la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado y los contratos grado a grado del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (INDRHI).
Para Trajano Potentini, presidente de Justicia y Transparencia, la corrupción política y administrativa es un abuso de poder y engaño para los electores que confiaron y delegaron en los políticos la administración de los bienes públicos, creyendo en sus promesas de campaña electoral.
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