El Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) determinó que el 64.8 por ciento de la población dominicana percibe un deterioro de la seguridad ciudadana, el índice más alto entre 18 países estudiados en América Latina.
A dominicana lo siguen Venezuela (58%), Brasil (56.9%), México (55.9%), Costa Rica (54.8), Bolivia (53.2) y Uruguay (55.2%).
De acuerdo con el informe regional del Desarrollo Humano "Seguridad Ciudadana con rostro humano" 2013-2014 dado a conocer este martes, República Dominicana también resultó con elevados índices en el sentido de que más personas que han pensado en cambiar de barrio, por temor a la delincuencia, con un 21.5%; que han limitado sus lugares de compra por la inseguridad, 51.1%; y que han limitado sus lugares de recreación por la inseguridad, 59.1%.
El informe abarcó a Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Uruguay y Venezuela.
Los representantes del PNUD dijeron que la consulta arrojó que amplios sectores de la población respaldarían la aprobación de leyes más duras contra el crimen, con un 87%; un 38% apoyaría la aplicación de "mano dura", con relación a la delincuencia, el robo y la criminalidad, en tanto que un 34% preferiría la acción del Poder Judicial frente a los delitos cometidos.
Un aspecto preocupante resultante del estudio, resalta que un 60.5 por ciento de la población dominicana respalda que el ciudadano porte un arma de fuego para fines defensivo.
"La gobernabilidad democrática puede verse afectada negativamente en lugares en los que la victimización y el temor al delito favorecen el respaldo a políticas represivas. Asimismo, erosionan la confianza de los ciudadanos en las instituciones y en la provisión de seguridad legal por parte del Estado", indica el informe a manera de advertencia.
El estudio recomienda al país alinear los esfuerzos nacionales para reducir el delito y la violencia, incluyendo un Acuerdo Nacional por la Seguridad Ciudadana como política de Estado; generar políticas públicas orientadas a proteger a las personas más afectadas por la violencia y el delito; prevenir la delincuencia y la violencia impulsando un crecimiento incluyente, equitativo y con calidad; y disminuir la impunidad fortaleciendo las instituciones de seguridad y justicia con apego a los derechos humanos, entre otras.
Con relación a los planes de seguridad implementados en las naciones estudiadas, el PNUD señala que en el caso dominicano de Barrio Seguro, considera que su acción fue limitada por la corrupción y la falta de reformas policiales, aunque se reconoce los avances en la ejecución del programa.
El informe señala de manera descriptiva que en la actualidad hay 16 centros de Corrección y Rehabilitación (nuevo modelo), que tienen el 28.5% de la población carcelaria, y 20 del viejo modelo penitenciario, que alberga el restante porcentaje.
0 comentarios:
Publicar un comentario