Fue rechazado el recurso de objeción presentado al dictamen del Ministerio Público que archivó la denuncia presentada contra la vicepresidenta de la República, Margarita Cedeño, por supuestos actos de corrupción en la administración de fondos públicos.
La decisión fue tomada por el juez de instrucción especial de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), Frank Soto, quien tomó la decisión tras acoger las conclusiones planteadas por el Ministerio Público y la defensa de Cedeño, presentada por el abogado Luis Emilio Pereyra.
También declaró inadmisible la objeción incoada por Marcos Martínez en contra del auto número 03116, de fecha 15 de agosto de 2012, dictado por el exdirector de la Dirección de Persecución contra la Corrupción Administrativa (DPCA), Otoniel Bonilla.
En el referido auto, el Ministerio Público decidió archivar el expediente contra Cedeño, por considerar que los "hechos revelados no constituyen una infracción penal”.
Frank Soto sostiene que el querellante Martínez no tiene calidad para constituirse en querellante en contra de la vicepresidenta de la República, ya que a la luz del Código Procesal Penal, se considera víctima al ofendido directamente por el hecho punible.
El magistrado acogió el medio de inadmisión planteado por carecer el objetante de calidad para instrumentar dicha solicitud.
La DPCA tenía en su poder un documento de denuncia contra la ex primera dama y actual vicepresidenta, que fue sometido por Marcos Martínez Espaillat, el 9 de mayo de 2012, por un supuesto desfalco de fondos públicos asignados al Despacho de la Primera Dama.
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