Participación Ciudadana reclama se cumpla Constitución en elección Defensor del Pueblo
Por: Redacción
El movimiento cívico Participación Ciudadana (PC) expresó satisfacción de que la Cámara de Diputados diera cumplimiento a la Ley No. 19-01 y aprobara la terna para escoger al Defensor del Pueblo, suplentes y adjuntos, y pidió que el Senado agilice la ratificación.
La entidad dijo esperar que los senadores cumplan con su deber y seleccionen a la mayor brevedad posible a los escogidos por los diputados para desempeñar las referidas funciones, establecidas por la Constitución de la República hace doce años.
Señala que el Defensor del Pueblo es una autoridad neutral y con independencia funcional que contribuirá a la salvaguarda de los derechos fundamentales y los intereses colectivos y difusos establecidos en la Constitución y en las leyes.
Participación Ciudadana añadió que el Defensor del Pueblo también puede fungir como mediador en demandas colectivas, imponer amonestaciones a funcionarios públicos, así como recomendar al superior jerárquico sanciones, si no cumple con su deber.
Indica como otras funciones son depositar memoriales de apoyo (amicus curiae), interponer acciones de inconstitucionalidad, acciones de amparo en interés de salvaguardar los derechos fundamentales de las personas y los intereses colectivos y difusos, cuando estos sean violados, amenazados o puestos en peligro por funcionarios u órganos del Estado, por prestadores de servicios públicos o particulares.
Citó también solicitar el amparo de cumplimiento para la defensa de los derechos colectivos y del medio ambiente o intereses difusos o colectivos para hacer efectivo el cumplimiento de una ley o acto administrativo.
Participación Ciudadana recordó a los senadores que tienen una alta responsabilidad en la elección del Defensor del Pueblo, por considerar que éste debe tener un amplio conocimiento de la administración pública y de la gestión gubernamental.
Además, sentar las bases para la creación de una institución creíble y legítima, para la salvaguarda de los derechos fundamentales y el correcto funcionamiento de la administración pública en la República Dominicana.
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