El Congreso de EE.UU. se pone a prueba de nuevo ante la reforma inmigratoria
Por: Alan Silverleib
En noviembre pasado, los votantes hispanos sembraron la semilla para una reforma inmigratoria cuando respaldaron al presidente de Estados Unidos, Barack Obama, por un margen nunca antes visto.
Este abril, veremos si esa semilla puede germinar en el terreno bipartidista del Capitolio. Después de reanundar las sesiones, la reforma inmigratoria es el primer tema de la agenda del Congreso.
El grupo de los ocho senadores de ambos partidos se prepara para publicar su esperado plan para resolver el estatus de 11 millones de hombres, mujeres y niños indocumentados que viven en las sombras en Estados Unidos.
La pregunta es si una singular confluencia de factores —un presidente demócrata que trata de construir su legado y un partido republicano que lucha con las nuevas realidades demográficas— puede superar la fuerte tendencia a la inacción en un Congreso profundamente dividido. La respuesta aún parece incierta.
“Lo que tenemos ahora no es un sistema de inmigración legal adecuado para el siglo XXI”, dijo en enero el senador republicano de Florida, Marco Rubio, un conservador clave en las conversaciones. “Tenemos una obligación y la necesidad de encarar la realidad de la situación que enfrentamos”.
¿Quién compone el grupo de los ocho? En la lista están Rubio; el senador republicano Lindsey Graham, John McCain, de Arizona; Jeff Flake, de Arizona; Robert Menéndez, de Nueva Jersey; Dick Durbin, de Illinois; Michael Bennet, de Colorado, y Chuck Schumer, de NuevaYork.
La propuesta del Senado
Una fuente que conoce las negociaciones dijo recientemente a CNN que los ocho senadores llegaron tentativamente a un acuerdo sobre los asuntos más delicados, entre ellos la implementación de una vía a la ciudadanía y la creación de un sistema para evaluar las condiciones de seguridad de la frontera.
La propuesta del Senado podría cuajar “en las próximas dos semanas”, dijo Graham el domingo en el programa Meet the Press, de la cadena estadounidense NBC. Sin embargo, MacCain dijo a la prensa el domingo que piensa que “es muy probable” y “muy posible” que se logre al final de esta semana. “Me siento cautelosamente optimista. No puedo garantizar que ocurra, pero hemos resuelto literalmente todos los asuntos”, dijo.
En concreto, los senadores acordaron una vía de 13 años hacia la ciudadanía, por la que los trabajadores indocumentados esperarían 10 años para obtener un permiso de residencia y tres años más para obtener la ciudadanía.
Los trabajadores indocumentados tendrían que pagar una multa e impuestos vencidos y someterse a una revisión de antecedentes. Se desconoce el monto de la multa.
Ningún trabajador indocumentado será candidato a la ciudadanía hasta que se considere que la frontera es segura. Para medir la seguridad fronteriza, se crearía una comisión que tendría la misión de establecer y valorar ciertos criterios cuantificables. La comisión se compondría de funcionarios designados por los líderes estatales y federales.
Desacuerdo sobre los agricultores
El progreso de la propuesta de ley cuenta con el obstáculo del profundo desacuerdo en torno al futuro trato que recibirán los trabajadores indocumentados de las granjas de Estados Unidos.
Los dos temas más delicados son los salarios y la cantidad de visas que se otorgarán a los trabajadores agrícolas indocumentados, según confirmaron el viernes otras dos fuentes cercanas a las negociaciones. Cuatro senadores —Rubio; Bennet, Orrin Hatch, de Utah, y Dianne Feinstein, de California— están tratando de lidiar con el problema. “Es el tema no resuelto más importante”, dijo a CNN una de las fuentes.
Las fuentes no pudieron proporcionar detalles acerca de la cantidad de visas o de los salarios que se estaban considerando. Sin embargo, en general a los negocios agrícolas les interesa lograr más visas y salarios inferiores. Los líderes sindicales, en contraste, típicamente respaldan la emisión de menos visas y mejores salarios.
Schumer dijo el domingo a CNN que había “cierto alboroto” alrededor de la redacción de la legislación y agregó que los senadores han redactado “la mayor parte de la propuesta” y tienen la esperanza de que puedan anunciar un acuerdo total para finales de la semana.
“Hemos resuelto la mayoría de los temas, hay algunos restantes que resolver hoy y mañana. Me siento optimista de que podremos resolver esos últimos problemas”, dijo, aunque rechazó dar detalles.
El pacto sobre los otros sectores
Los líderes empresariales y sindicales parecen haber llegado a un acuerdo para establecer un nuevo programa de trabajadores inmigrantes no agrícolas. De acuerdo con otra fuente, el compromiso es la creación de una nueva visa W para trabajadores menos capacitados que no se dediquen a la agricultura. Se permitiría que esos trabajadores entren al país con base en la escasez de mano de obra y podrían entrar con la posibilidad de solicitar la ciudadanía más adelante.
La visa W afectaría a los empleados domésticos, jardineros, dependientes de tiendas minoristas y a algunos trabajadores de la construcción, señaló la fuente. El acuerdo no contempla visas para los trabajadores altamente capacitados ni familiares.
Según la interpretación del acuerdo de la Federación Estadounidense del Trabajo y el Congreso de Organizaciones Industriales (AFL-CIO, por sus siglas en inglés), el programa de visas podría iniciar en abril de 2015. Nunca se emitirían menos de 20,000 visas al año y podrían llegar a ser hasta 200,000 al año, dependiendo de los niveles de empleo.
Un tercio de las visas se reservaría para las empresas que empleen a menos de 25 personas, mientras que se destinarían un máximo de 15,000 visas al año para los trabajadores de la construcción, señaló la AFL-CIO.
Una nueva dependencia gubernamental, la Oficina de Inmigración e Investigación del Mercado Laboral, determinaría los sectores específicos en los que hay escasez de mano de obra y haría recomendaciones al Congreso. La agencia también se encargaría de limitar la cantidad anual de visas W. La oficina estaría bajo la supervisión del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos y el presidente designaría a su director, a quien ratificaría el Congreso.
“La belleza de este programa estriba en que sube y baja con la economía”, dijo a CNN Ana Avendaño, de la AFL-CIO. “Cuando la economía esté en auge, habrá más visas disponibles para los trabajadores extranjeros. Cuando no sea el caso, no habrá disponibilidad; eso nunca se ha visto en Estados Unidos”.
Randy Johnson, vicepresidente senior de la Cámara Estadounidense de Comercio, emitió un comunicado en el que declaró que el nuevo programa de visas propuesto “es un programa sensato y funcional para la comunidad empresarial”.
La resistencia en el Senado
El grupo de los ocho puede ser ideológicamente diverso, pero eso no significa que el plan no encontrará una resistencia significativa una vez que se publique, en especial entre los conservadores cautos. Los votantes de las bases republicanas siguen oponiéndose vehementemente a cualquier plan que pueda interpretarse como una amnistía para quienes entraron ilegalmente al país.
Mientras tanto, los demócratas liberales siguen preocupados por que los conservadores nunca estén de acuerdo en que la frontera sur sea segura y traten de usar ese tema para negar continuamente la ciudadanía a los residentes indocumentados.
Los demócratas prominentes “quieren que el Congreso apruebe una propuesta ampia antes de que el pueblo estadounidense sepa qué contiene”, dijo Sessions en un comunicado que se publicó el 2 de abril.
Rubio también ha dicho que está preocupado porque la legislación se apruebe al vapor en el Congreso, preocupación que, de acuerdo con algunos observadores, refleja las necesidades políticas del novato de Florida que busca equilibrar su intervención en la reforma inmigratoria y sus posibles aspiraciones presidenciales.
La alternativa
Mientras la mayoría de las miradas se concentra en el Senado, un grupo de asambleístas de ambos partidos está redactando su propia versión de la reforma inmigratoria. El presidente de la Cámara, John Boehner, dijo a la prensa el mes pasado que los miembros están “esencialmente de acuerdo” en un plan para abordar el tema.
Los involucrados en las pláticas son: Mario Diaz-Balart, de Florida; Sam Johnson, de Texas; John Carter, deTexas; Raúl Labrador, de Idaho; Xavier Becerra, de California; Luis Gutiérrez, de Illinois; Zoe Lofgren, de California; y John Yarmuth, de Kentucky.
Los miembros del grupo de la Asamblea se han negado a hablar en público acerca de sus negociaciones bipartidistas. Algunos han estado trabajando en el tema desde que el Congreso fracasó en llegar a un acuerdo en 2007.
Sin embargo, dos de los miembros de este grupo se mostraron confiados de que su próxima propuesta se integrará bien con el plan del Senado, a pesar de que se espera que en los próximos meses haya batallas alrededor del asunto en ambas cámaras.
“Me siento muy, muy optimista de que la Asamblea de Representantes tendrá un plan que podrá estudiarse en una conferencia en el Senado en la que podremos sortear las diferencias”, dijo el demócrata Luis Gutiérrez en el programa State of the Union de CNN.
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